Julios Borges acusó a Nicolás Maduro de querer "imponer un resultado fraudulento" en las elecciones

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Julio Borges, representante opositor en los diálogos de República Dominicana (REUTERS/Ricardo Rojas)

El anuncio de que las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 22 de abril terminó de hacer estallar el diálogo que el gobierno de Nicolás Mauro mantenía con la oposición desde diciembre de año pasado. Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional y representante de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la negociación, explicó que el chavismo quiere ir a las elecciones “atropelladamente, sin garantías electorales y sin observación internacional, para imponer un resultado fraudulento”.

“Por eso no firmamos”, aclaró en una entrevista con el canal alemán DW (Deutsche Welle) en español.

El pedido de la oposición era que se cumplieran mínimas garantías electorales, “para que se escuche la voz de los venezolanos con total equilibrio”. Sin embargo, el Gobierno se rehusó a posponer la fecha, a reformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y aceptar cualquier tipo de auditoría externa del proceso.

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“Maduro quiere adelantar las elecciones el 22 de abril para mantenerse en el poder”, sostuvo Borges. El diputado de Primero Justicia, partido que fue inhabilitado por el CNE, aseguró que las elecciones se realizan siempre cerca del fin del mandato presidencial, que es en diciembre. Por eso es tan llamativo que se pretenda votar con tantos meses de antelación.

A pesar de las tensiones que hay al interior de la coalición opositora, y de las numerosas trabas que está poniendo el régimen de Maduro, Borges insistió en que la única salida para por los instrumentos de la democracia. “Lo más importante es luchar por el camino democrático, y queremos que esa sea la solución para el país”, afirmó.

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Venezuela profundizó esta semana su decadencia y aislamiento internacional. La ONU anunció que perdió temporalmente su derecho a voto en la Asamblea General, a causa del impago de sus aportaciones.

Las normas de Naciones Unidas establecen ese castigo para los países miembros que tienen pagos pendientes por una cantidad igual o superior a las contribuciones que les correspondían durante los dos años anteriores. Lo mismo le había pasado a Venezuela el año pasado. Tras saldar parte de su deuda, había logrado recuperar el derecho a votar tiempo después.

Es una incógnita si podrá conseguirlo ahora, que enfrenta una crisis de financiamiento mucho más profunda.

 



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